LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Sentencia del Caso Perna contra Italia.

25 de julio de 2001

32. Invocando el artículo 10 del Convenio, el demandante se queja asimismo de una violación de su derecho a la libertad de expresión debido tanto a la decisión de los tribunales italianos en cuanto al fondo como al procedimiento, habiéndole impedido estas últimas probar que el artículo enjuiciado era una manifestación del “derecho de crónica” y de crítica en el contexto de la libertad de prensa.

33. El artículo 10 del Convenio dispone:

  1. ” Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión, a un régimen de autorización previa.
  2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

38. El Tribunal recuerda los principios fundamentales que se desprenden de su jurisprudencia relativa al artículo 10:

i. La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales en una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales para su progreso y el desarrollo de cada uno. A reserva del apartado 2, es válida no solamente para las “informaciones” o “ideas” acogidas favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, ofenden o inquietan. Así lo quieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los que no existe “sociedad democrática”. Como señala el artículo 10, esta libertad está sometida a excepciones que deben no obstante interpretarse estrictamente y la necesidad de cualquier restricción debe probarse de manera convincente. El adjetivo “necesaria”, en el sentido del artículo 10.2, implica la existencia de una “necesidad social imperiosa”. Los Estados contratantes gozan de cierto margen de apreciación para juzgar la existencia de dicha necesidad, al igual que de un control europeo tanto sobre la ley como sobre las sentencias que la aplican, incluso cuando emanan de un tribunal independiente. El Tribunal tiene pues competencia para pronunciarse en último lugar sobre si una “restricción” se concilia con la libertad de expresión que protege el artículo 10.
En el ejercicio de su poder de control, el Tribunal debe examinar la injerencia a la luz del conjunto del caso, incluido el alcance de las afirmaciones reprochadas al demandante y el contexto en el que las hizo. Le corresponde determinar si la injerencia impugnada es “proporcional a los fines legítimos perseguidos” y si los motivos invocados por las autoridades nacionales para justificarla parecen “pertinentes y suficientes”. Al hacerlo, el Tribunal debe comprobar que las autoridades nacionales aplicaron normas conformes a los principios consagrados en el artículo 10 y ello, además, fundándose en una apreciación aceptable de los hechos.
Una opinión, por definición, no se presta a una demostración de veracidad. Puede no obstante considerarse excesiva, sobre todo en ausencia de cualquier base factual.
Las cuestiones de interés general sobre las que la prensa tiene el derecho, en el cumplimiento de su deber y responsabilidad, de comunicar informaciones e ideas comprenden aquellas relativas al funcionamiento del poder judicial. Sin embargo, la acción de los tribunales, que son garantes de la justicia y cuya misión es fundamental en un Estado de derecho, requiere la confianza del público. Asimismo conviene protegerla contra los ataques desprovistos de fundamento, sobretodo al prohibir el deber de reserva reaccionar a los magistrados.

42. En cuanto a los términos empleados por el demandante, la utilización de la imagen simbólica del “juramento de obediencia” fue sin duda fuerte pero cabe recordar, a ese respecto, que la libertad de prensa comprende la posible utilización a cierta dosis de exageración, o incluso de provocación. Asimismo, aunque el Tribunal no tenga que aprobar el tono polémico y hasta agresivo de los periodistas, hay que recordar que, además de la sustancia de las ideas e informaciones expresadas, el artículo 10 protege también su modo de expresión. Conviene tener en cuenta también el carácter abierto incluso ostentoso de la militancia política del querellante.

PAPEL DE LA PRENSA EN LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA

Sentencia del Caso Bergens Tidende y otros contra Noruega.

2 de mayo de 2000

33. El Tribunal considera, y no existe discusión sobre esto entre las partes, que la medida incriminada constituía una “injerencia de una autoridad pública” en el ejercicio por parte de los demandantes de su derecho a la libertad de expresión tal y como lo garantiza el primer párrafo del artículo 10, que esta injerencia estaba “prevista por la ley” y más precisamente por el artículo 3-6 de la Ley de 1969 sobre indemnización de daños (apartados 25-29 “supra”), y que perseguía el fin legítimo que representa la “protección de la reputación o de los derechos ajenos”. Cumplía por lo tanto, dos de las tres condiciones justificativas contempladas por el segundo párrafo del artículo 10.
El litigio, en este caso, se refiere a la tercera condición, la de saber si la injerencia era “necesaria en una sociedad democrática”.

49. El Tribunal recuerda, además, el papel esencial que juega la prensa en una sociedad democrática: aunque no debe franquear ciertos límites, principalmente en lo que respecta a la reputación y a los derechos de terceros, y a la necesidad de impedir la divulgación de informaciones confidenciales, le corresponde, sin embargo, comunicar, dentro del respeto a sus deberes y responsabilidades, informaciones e ideas sobre todas las cuestiones de interés general. Además, el Tribunal es consciente de que la libertad de prensa incluye también el recurso posible a una cierta dosis de exageración, incluso de provocación. En casos como éste, el margen de apreciación de las autoridades nacionales se encuentra circunscrito por el interés de una sociedad democrática en permitir a la prensa jugar su papel indispensable de “perro guardián” aportando informaciones sobre cuestiones que presentan un interés público serio.

50. Cuando ejerce su control, el Tribunal no tiene como tarea el sustituir a los tribunales nacionales, sino verificar bajo el ángulo del artículo 10 y a la luz del conjunto del asunto, las decisiones que éstos han dictado en virtud de su poder de apreciación.

DERECHO A LA INFORMACIÓN Y SUS LÍMITES

Sentencia del Caso News Verlags GmbH and CKG contra Austria.

11 de enero de 2000

39. El Tribunal recuerda que no corresponde al Tribunal ni a los Tribunales internos, sustituir sus propias opiniones por las de la prensa acerca de la técnica de reportaje que debían adoptar los periodistas. El artículo 10 protege, no solamente la esencia de las ideas y la información, sino también la manera de transmitirlas.

40. El Tribunal considera que la prohibición de la publicación de la fotografía de B. en el contexto de los reportajes sobre el proceso penal instruido en su contra, que limitó la elección de la sociedad demandante en cuanto a la forma de presentar dichos reportajes, constituyó una injerencia en su derecho a la libertad de expresión, vulnerando el artículo 10, a menos que ésta cumpliera los requisitos del segundo apartado de dicho artículo.

55. Otro factor de especial importancia para la resolución del Tribunal en el presente caso es la función esencial que la prensa desempeña en una sociedad democrática. Aunque la prensa no debe sobrepasar ciertos límites, principalmente en cuanto a la reputación y a los derechos de terceros o a la adecuada administración de la justicia, su obligación es, sin embargo, la de comunicar, dentro del respeto de sus deberes y responsabilidades, informaciones e ideas sobre todas las cuestiones de interés general.

56. Dicha obligación incluye los reportajes y comentarios sobre procesos ante los Tribunales que, con tal de que no sobrepasen los límites establecidos anteriormente, contribuyen a su publicidad y por lo tanto están en consonancia con el requisito, en virtud del artículo 6.1 del Convenio, de que los juicios sean públicos. Comunicar dicha información no es únicamente tarea de los medios: el público tiene derecho a recibirla. Esto ocurre cuando, como en el presente caso, una persona implicada se pone a disposición del escrutinio público al expresar opiniones extremistas. Sin embargo, los límites admisibles de los comentarios en un proceso criminal pendiente no deben abarcar declaraciones que perjudiquen, intencionadamente o no, las posibilidades de una persona de obtener un juicio justo, o minen la confianza del público en el papel desempeñado por los Tribunales en la administración de la justicia. Por lo tanto, el hecho de que B. tenía el derecho a la presunción de inocencia, en virtud del artículo 6.2 del Convenio hasta que se estableciera su culpabilidad, debe ser tenido en cuenta para que el Tribunal encuentre el equilibrio entre los intereses concurrentes.

59. Es cierto, tal y como señala el Gobierno, que los interdictos en ningún modo restringieron el derecho de la sociedad demandante a publicar comentarios sobre el proceso penal en contra de B. Sin embargo, limitaron la elección de la sociedad demandante en cuanto a la presentación de sus reportajes, mientras que otros medios eran libres de continuar publicando la fotografía de B. durante el proceso penal en su contra. Teniendo en cuenta estas circunstancias y la determinación de los Tribunales internos de que no eran las fotografías utilizadas por la sociedad demandante sino únicamente su combinación con el texto la que violaba los derechos de B., el Tribunal considera que la prohibición absoluta de la publicación de la fotografía de B. excedió lo necesario para proteger a B. de la difamación o de la violación de su presunción de inocencia. Por lo tanto, no existe una relación de proporcionalidad razonable entre los interdictos formulados por el Tribunal de Apelación de Viena y el fin legítimo perseguido.

60. De estas consideraciones se desprende que la injerencia en el derecho a la libertad de expresión de la sociedad demandante no era “necesaria en una sociedad democrática”. Por lo tanto, ha habido una violación del artículo 10 del Convenio.

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