Publicado el martes, 10 de junio de 2014 a las 23:27 horas por en la categoría: Comisión de Arbitraje Quejas y Deontología, FAPE, Noticias.

El catedrático Núñez Encabo insiste en la importancia de la independencia de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología en una Jornada sobre la democracia y el ejercicio profesional

fapeMADRID, 10 DE JUNIO DE 2014.  El presidente  de la Comisión de Arbitraje,Quejas y Deontología del periodismo, Manuel Núñez Encabo, ha subrayado la importancia de la independencia del órgano que preside y ha asegurado que «la garantía más adecuada para regular el periodismo es la autorregulación», para lo que es necesario un código deontológico «que esté elaborado por la profesión, exista un compromiso de cumplirlo y sea público».

Para el catedrático de Filosofía y Moral del Derecho y de Ciencias Jurídicas en la Universidad Complutense de Madrid y titular de la cátedra Jean Monet de derecho de ciudadanía europea, dada la naturaleza de los medios de comunicación y del periodismo, condicionados por la rapidez de las nuevas tecnologías de la información cuyos efectos son instantáneos y universales, la garantía más adecuada para que cumplan con sus funciones no es el derecho a través de la norma jurídica, debido a la tardanza en su aplicación por los tribunales de justicia, sino la utilización complementaria y prioritaria de la deontología del periodismo, “siempre que la deontología cuente con una comisión independiente que garantice el cumplimiento del Código Deontológico, tal y como señala el Consejo de Europa, y que es la característica de independencia que tiene la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo“.

Núñez Encabo ha participado en la jornada ‘La democracia y el ejercicio profesional: Sobre el derecho a la información y la comunicación’. Dado el compromiso con las profesiones y la colaboración existente entre Unión Profesional (UP), la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y la Cátedra de Ética de la Empresa y de las Profesiones de la Universidad Carlos III de Madrid, esta sesión ha querido profundizar en el papel que juegan las profesiones, y sus organizaciones, en el desarrollo de una democracia participativa, con especial atención al ejercicio profesional del periodismo.

El presidente de la comisión deontológica del periodismo español ha insistido en la idea de «hacer consciente a la ciudadanía para que participe de la democracia». Y, para que eso sea posible, es importante entender que «sin periodismo, no hay democracia». Es por esta razón que el periodismo ha de trabajar por hacer posible la gestión de los tres poderes, por garantizar la transparencia, y tratar todos los temas de interés público. «Existe una necesidad acuciante de un periodismo de investigación, de datos, de hechos; necesitamos periodistas que fomenten el desarrollo de los valores democráticos».

Manuel Núñez Encabo ha formado parte de la mesa redonda que ha puesto fin a la jornada y que, moderada por el vicepresidente de la FAPE, Aurelio Martín, ha contado también con la intervención de Gonzalo Múzquiz, secretario técnico de Unión Profesional y Hilda Garrido, coordinadora de la Cátedra de Ética de la Empresa y las Profesiones de Universidad Carlos III de Madrid (CEEP).

Previamente, Elsa González, presidenta de la FAPE, definió el periodismo, en palabras del escritor mexicano, Enrique Krauce, como «una misión» a la que hay que entregarse «en cuerpo y vida» donde se ha de primar «la vocación, el rigor, la ética y la humanidad». González hizo énfasis en la capacidad de transformación social del periodismo, así como en todas aquellas amenazas —políticas, empresariales, personales— que el periodista ha de sortear si aspira a ejercerlo como servicio público. Recordó que esta profesión tiene una responsabilidad y un compromiso con la verdad, lo que está estrechamente relacionado con la credibilidad: «Sin ella, la prensa se convierte en un medio de comunicación sin crédito».

Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional, aseguró que «las profesiones, como vigilantes de las actividades del poder, hacemos más falta que nunca», sobre todo cuando «está en puertas una normativa, la Ley de Servicios y Colegios Profesionales (LSCP), que pone en entredicho la autorregulación de los colegios profesionales». Carnicer aludió a las normas deontológicas como «derecho material», como defensa para «aquellos que atacan las posibilidades de los profesionales de erigirse en sociedad civil organizada y llevar a término su trabajo, su responsabilidad».

Javier Ansuátegui, director del Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” (al que está adscrita la Cátedra de Ética), centró su intervención en el origen de la historia de los derechos, especialmente el derecho a la información recogido en el artículo 20 de la Constitución Española, y planteó una de las piezas del debate al relacionar comunicación y poder: «El ejercicio del periodismo favorece a la democracia, pues controla el poder. Pero, a su vez, también es ejercicio del poder. Favorece libertades, pero, a su vez, puede plantear problemas en relación a otras libertades». En este sentido, Ansuátegui señaló el importante lugar de la libertad de información, del ejercicio periodístico, para generar una ciudadanía crítica: «No hay ciudadanía que pueda decirle las cosas al poder si no está informada». He ahí la esencia, según el director del Instituto de DD.HH. “Bartolomé de las Casas”, de la responsabilidad periodística.

A continuación, se desarrolló la mesa redonda en la que los participantes analizaron el significado de la deontología profesional en el ámbito de la información y la comunicación. Hilda Garrido centró su intervención en acercar las definiciones y diferencias entre ética profesional y ética pública, así como en la necesidad de entender el código deontológico de cada profesión como una norma donde encontramos «unos derechos y deberes enmarcados dentro de la ética pública, adecuados a cada profesión». El debate surge cuando se plantea cómo garantizar esos derechos y deberes.

En este sentido, Gonzalo Múzquiz aludió al «acto profesional», que se define como «la incorporación de un saber hacer, con unas normas que incardinan ese acto, que no es inocuo, en un marco profesional». Desde su punto de vista, es en el modelo colegial —vertebrado por la independencia, la responsabilidad y el control colegial— donde encontramos la fórmula que permite poner en práctica una potestad disciplinaria que garantice que el código deontológico, es decir, las normas profesionales, se cumplen.

 

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